BEATRIZ JIMÉNEZ desde Lima
12 de mayo de 2009.- La selva peruana lleva más de un mes en huelga. Los pueblos indígenas, armados con lanzas, han tomado carreteras, puentes, un aeropuerto, dos centrales petroleras y han bloqueado ríos amazónicos con cables para impedir el paso de los buques petroleros.
El pasado lunes, indígenas en 'peque-peques' (canoas motorizadas) se enfrentaban a un helicóptero, 6 yates y un buque de la Marina de Guerra en el río Napo para evitar el paso de tres barcos de la petrolera francesa Perenco. Las mujeres 'qichuas' y 'arabelas' se agarraban al cable que impedía el libre tránsito en el río para evitar que los soldados lo cortaran con machetes, mientras las frágiles embarcaciones indígenas naufragaban ante las olas creadas por el helicóptero y las lanchas de la Marina, que daban vueltas alrededor de sus canoas.
Días después, los mismos pobladores volvían a bloquear el Napo y a enfrentarse a la Marina de Guerra, mientras que centenares de indígenas awajún tomaban la estación de Petroperú, en Alto Amazonas y amenazaban con cortar el suministro de combustible al oleoducto norperuano.
Los obispos amazónicos emitían un comunicado de apoyo a la movilización y exigían el respeto de los derechos humanos y más de mil personas marchaba en la misión católica de Santa Clotilde, en el corazón del distrito del Napo, y en la ciudad de Iquitos en rechazo a la actuación de la Marina de Guerra.
350 mil personas, pertenecientes a 1250 comunidades indígenas de 66 familias lingüísticas diferentes han declarado la guerra al gobierno de Alan García y a su paquete de decretos legislativos apodado desde 2008 como 'La Ley de la Selva', que según la organización Foro Ecológico permitiría que un 60% de la selva amazónica peruana sea concesionada a multinacionales o vendida para el cultivo de biocombustibles.
La Defensoría del Pueblo señaló que los decretos no garantizan la protección de los bosques primarios y una comisión especial multipartidaria del Congreso recomendó en diciembre su derogatoria porque ninguno de ellos se consultó previamente con las organizaciones indígenas, tal y como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Perú es firmante. Sin embargo, y pese a que los pueblos indígenas se han puesto las pinturas de guerra, no se derogan.
En el centro del meollo, el incremento exponencial de concesiones petroleras y gasíferas en la Amazonía peruana. Según Save AmericaŽs Forest, un 72% de la Amazonía peruana está concesionada para la exploración y explotación de hidrocarburos (ver mapa de contratos petroleros). De 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concesionadas ha pasado según el grupo científico del 15 al 72%.
"¡La selva no se vende, se defiende!", ha sido la consigna de la revolución de los pueblos indígenas de la selva, a los que se han unido solidariamente pueblos indígenas andinos, los obispos amazónicos, partidos de oposición, sindicatos y ONG.
En agosto de 2008, una movilización indígena sin precedentes logró la derogatoria de los dos decretos más escandalosos, que facilitaban a las grandes empresas la compra de terrenos comunales.
Quedaron 9 más en el limbo, que han sido ratificados el mes pasado y que han vuelto a poner en pie de guerra a las organizaciones indígenas.
"Estamos dispuestos a morir"
En respuesta a las revueltas indígenas, el sábado el gobierno declaró el estado de emergencia en las zonas en conflicto y suspendió las garantías constitucionales por 60 días. Simultáneamente, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se hacía un llamamiento al diálogo y a "deponer las lanzas".
Sin embargo, las naciones indígenas aglutinadas en la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), dicen que no le temen a la declaratoria de emergencia.
"El gobierno puede decretar estado de emergencia pero los pueblos amazónicos están dispuestos a morir porque con estos decretos legislativos el gobierno les ha declarado la guerra abiertamente", Alberto Pizango, presidente de Aidesep y representante del movimiento indígena frente al gobierno.
"Nosotros no nos vamos a retirar de las zonas en conflicto, porque eso es la decisión de nuestros hermanos indígenas", respondió también el indígena de etnia awajún Wagner Musoline Acho, presidente del comité de lucha de Loreto, la región amazónica más grande de Perú. "Nosotros estamos haciendo los bloqueos en nuestro territorio, no nos hemos ido a las ciudades, y para hacerlos nos amparamos en nuestros derechos fundamentales", explicó a El Mundo.es.
"La historia ha de juzgar si hicimos bien los sacerdotes en apoyar las movilizaciones", considera el obispo de Alto Amazonas, el español José Astigarraga. "La Amazonía no es un bien del hombre amazónico, sino de toda la humanidad".
La lucha contra la subasta de la Amazonía peruana continúa y todo parece indicar que será una batalla de largo aliento.
12 de mayo de 2009.- La selva peruana lleva más de un mes en huelga. Los pueblos indígenas, armados con lanzas, han tomado carreteras, puentes, un aeropuerto, dos centrales petroleras y han bloqueado ríos amazónicos con cables para impedir el paso de los buques petroleros.
El pasado lunes, indígenas en 'peque-peques' (canoas motorizadas) se enfrentaban a un helicóptero, 6 yates y un buque de la Marina de Guerra en el río Napo para evitar el paso de tres barcos de la petrolera francesa Perenco. Las mujeres 'qichuas' y 'arabelas' se agarraban al cable que impedía el libre tránsito en el río para evitar que los soldados lo cortaran con machetes, mientras las frágiles embarcaciones indígenas naufragaban ante las olas creadas por el helicóptero y las lanchas de la Marina, que daban vueltas alrededor de sus canoas.
Días después, los mismos pobladores volvían a bloquear el Napo y a enfrentarse a la Marina de Guerra, mientras que centenares de indígenas awajún tomaban la estación de Petroperú, en Alto Amazonas y amenazaban con cortar el suministro de combustible al oleoducto norperuano.
Los obispos amazónicos emitían un comunicado de apoyo a la movilización y exigían el respeto de los derechos humanos y más de mil personas marchaba en la misión católica de Santa Clotilde, en el corazón del distrito del Napo, y en la ciudad de Iquitos en rechazo a la actuación de la Marina de Guerra.
350 mil personas, pertenecientes a 1250 comunidades indígenas de 66 familias lingüísticas diferentes han declarado la guerra al gobierno de Alan García y a su paquete de decretos legislativos apodado desde 2008 como 'La Ley de la Selva', que según la organización Foro Ecológico permitiría que un 60% de la selva amazónica peruana sea concesionada a multinacionales o vendida para el cultivo de biocombustibles.
La Defensoría del Pueblo señaló que los decretos no garantizan la protección de los bosques primarios y una comisión especial multipartidaria del Congreso recomendó en diciembre su derogatoria porque ninguno de ellos se consultó previamente con las organizaciones indígenas, tal y como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Perú es firmante. Sin embargo, y pese a que los pueblos indígenas se han puesto las pinturas de guerra, no se derogan.
En el centro del meollo, el incremento exponencial de concesiones petroleras y gasíferas en la Amazonía peruana. Según Save AmericaŽs Forest, un 72% de la Amazonía peruana está concesionada para la exploración y explotación de hidrocarburos (ver mapa de contratos petroleros). De 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concesionadas ha pasado según el grupo científico del 15 al 72%.
"¡La selva no se vende, se defiende!", ha sido la consigna de la revolución de los pueblos indígenas de la selva, a los que se han unido solidariamente pueblos indígenas andinos, los obispos amazónicos, partidos de oposición, sindicatos y ONG.
En agosto de 2008, una movilización indígena sin precedentes logró la derogatoria de los dos decretos más escandalosos, que facilitaban a las grandes empresas la compra de terrenos comunales.
Quedaron 9 más en el limbo, que han sido ratificados el mes pasado y que han vuelto a poner en pie de guerra a las organizaciones indígenas.
"Estamos dispuestos a morir"
En respuesta a las revueltas indígenas, el sábado el gobierno declaró el estado de emergencia en las zonas en conflicto y suspendió las garantías constitucionales por 60 días. Simultáneamente, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se hacía un llamamiento al diálogo y a "deponer las lanzas".
Sin embargo, las naciones indígenas aglutinadas en la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), dicen que no le temen a la declaratoria de emergencia.
"El gobierno puede decretar estado de emergencia pero los pueblos amazónicos están dispuestos a morir porque con estos decretos legislativos el gobierno les ha declarado la guerra abiertamente", Alberto Pizango, presidente de Aidesep y representante del movimiento indígena frente al gobierno.
"Nosotros no nos vamos a retirar de las zonas en conflicto, porque eso es la decisión de nuestros hermanos indígenas", respondió también el indígena de etnia awajún Wagner Musoline Acho, presidente del comité de lucha de Loreto, la región amazónica más grande de Perú. "Nosotros estamos haciendo los bloqueos en nuestro territorio, no nos hemos ido a las ciudades, y para hacerlos nos amparamos en nuestros derechos fundamentales", explicó a El Mundo.es.
"La historia ha de juzgar si hicimos bien los sacerdotes en apoyar las movilizaciones", considera el obispo de Alto Amazonas, el español José Astigarraga. "La Amazonía no es un bien del hombre amazónico, sino de toda la humanidad".
La lucha contra la subasta de la Amazonía peruana continúa y todo parece indicar que será una batalla de largo aliento.
